Los abogados de Raymond Ayala Rodríguez —conocido como Daddy Yankee— expusieron este viernes ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan que las alegaciones presentadas por Mireddys González Castellanos, y su hermana, Ayeisha González, son falsas, maliciosas y constituyen un uso indebido del sistema judicial.
A su vez, aseguran que el artista ha cumplido con todos los acuerdos allegados y que así les consta a las demandadas y al Tribunal.
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SUSCRÍBETE En dos mociones presentadas, se establece que las hermanas González Castellanos intentan reabrir un caso finalizado en diciembre de 2024 con sentencia final y firme, en lo que describen como un uso indebido del sistema judicial y una estrategia para crear titulares en la prensa empleando información falsa y maliciosa. Rechazan, además, “de forma categórica todas las expresiones, insinuaciones, imputaciones y categorizaciones sobre la persona del demandante Ramón Ayala Rodríguez efectuadas con pleno conocimiento de su inexactitud”.
“En otro malabarismo argumentativo poco vertical y serio, el 16 de mayo de 2025, la demandada González Castellanos manifestó ante este Tribunal que era accionista de la entidad Los Cangris Inc. Pero, apenas once días más tarde, el 27 de mayo de 2025, en el procedimiento judicial de disolución que se ventila ante la Honorable Jueza Iris Cancio, sostuvo lo contrario, alegando no ser accionista de dicha entidad. Esta contradicción entre sus posturas procesales revela una estrategia litigiosa incompatible con los principios de buena fe, coherencia procesal y respeto al foro judicial. La poca credibilidad de la Sra. González”, expone el documento presentado al Tribunal.
Los abogados de las corporaciones El Cartel Record y Los Cangri afirman que “resulta paradójico que quien en el pasado obstruyó y negó información al Sr. Ayala y a las propias entidades, ahora presente alegaciones como las presentadas ante el Tribunal. Toda la información y transparencia que se ha brindado ha ocurrido no empece a que, después de asumir el control, el demandante y las propias entidades han tenido que enfrentar múltiples y varios problemas significativos. Entre estos, los abogados señalan: oficinas en mal estado, sin servicios, contabilidad desorganizada e incompleta, correos electrónicos deliberadamente borrados entre 2019-2024, cheques y documentos importantes encontrados en la basura y, en fin, documentos e información no provista y/o retenida por las codemandadas González Castellanos, como se ha alertado al Tribunal. (…) O sea, que la demandada González Castellanos y su hermana no entregaron documentos ni facilitaron la transición”, reza la moción.
Las mociones presentadas en reacción a lo solicitado por González Castellanos, destacan que la parte demandada, a través de su “tercer equipo legal”, intenta revivir un caso ya cerrado mediante mociones carentes de fundamento legal. Sostienen, además, que las nuevas alegaciones deben atenderse en los procesos ordinarios ya iniciados (en pleitos existente ante otros jueces), y no en el procedimiento extraordinario que concluyó con sentencia firme (en diciembre pasado).
Según se indica en la moción radicada por los representantes de las corporaciones, Raymond Ayala ha cumplido con los acuerdos allegados en el Tribunal, incluyendo:
· Mantener $75 millones en las cuentas corporativas, a pesar de que el plazo acordado venció en enero pasado
· No realizar transacciones mayores de $100,000 sin autorización compartida
· Enviar informes financieros mensuales a González Castellanos, incluso en medio de una transición obstaculizada por la falta de entrega de documentos clave por parte de las demandadas.
“El demandante (Ayala Rodríguez) ha observado cabalmente sus deberes corporativos (…) Ha potenciado y aumentado el rendimiento de los fondos (depositados en las cuentas de las corporaciones). Igualmente, se reitera que no se ha realizado transacción alguna de $100,000 o más. Esto consta en los informes financieros e incluso en mociones previas”, asegura el escrito ante el Tribunal.
Este también expone, que a pesar de que “la obligación de mantener una cuenta con $75 millones culminó el 26 de enero, que dicha cantidad se ha mantenido en reserva. El resto del dinero también se ha mantenido en cuentas de mejor rendimiento en los mismos bancos que estaban, según se acordó se haría por las partes y sus abogados en vista del 20 de diciembre”.
Además, la moción destaca que las nuevas exigencias de información por parte de González Castellanos no tienen fundamento legal ni apoyo en la sentencia dictada, la cual no impone formatos ni plazos específicos para los informes. Sobre estos, el escrito legal detalla el proceso que conlleva crear informes financieros mensuales, por lo que no es viable culminarlos sino al pasar el mes a informar, luego de completar reconciliaciones y análisis, entre otros.
Los abogados de Ayala Rodríguez resaltan contradicciones fundamentales en las alegaciones recientes de González Castellanos. Por ejemplo, en una moción presentada el 16 de mayo, González asegura ser accionista de Los Cangris, Inc., mientras que apenas once días después, en otro caso activo, sus propios abogados aseguran que ni ella ni Ayala son dueños de las acciones.
Asimismo, las mociones recalcan que las demandadas nunca cumplieron con la transición corporativa ordenada por el tribunal, y que documentos claves fueron ocultados, alterados o incluso encontrados en la basura. Además, estas se recurrieron a la presentación de una supuesta carta gerencial, en donde aseveraron bajo juramento hechos que se sabe no eran correctos.
Las corporaciones están en proceso de disolución
Finalmente, se aclara que El Cartel Records ya fue formalmente disuelta, y que Los Cangris, Inc. está en proceso de disolución. Todo en cumplimiento con las leyes vigentes y que ya hay presentado un pleito separado en el que González Castellanos es parte desde hace alrededor de un mes, para disolver las corporaciones. En dicho caso, se planteó ante el Tribunal que hay otras corporaciones bajo el total control de González Castellanos, una de las cuales, también ya fue disuelta por la demandada.
“Cualquier controversia relacionada a las operaciones de estas entidades, ya debe atenderse en los litigios ordinarios presentados ante otras salas del tribunal. Intentar hacerlo en un caso ya cerrado —como pretende la parte demandada— representa un uso impropio de los recursos judiciales”, establecen los abogados
