La exgobernadora Wanda Vázquez llegó a un acuerdo con la fiscalía federal, trascendió este lunes.
Se trata del caso de 2022, cuando Vázquez Garced fue imputada de supuestamente aceptar una oferta de soborno para beneficiar su campaña electoral del 2020.
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Presuntamente, la exfuncionaria y sus coacusados se declararían culpables de un cargo.
“Según ha trascendido en los medios de comunicación, han llegado a un acuerdo que pondrá fin al caso radicado el 4 de agosto de 2022. No obstante, continúa en vigor la orden de mordaza impuesta por el tribunal, lo que me impide ofrecer información adicional en este momento”, dijo el equipo de Vázquez Garced en declaraciones escritas.
Wanda Vázquez llega a acuerdo by Taiyania Rosado on Scribd
EL ALEGADO ESQUEMA
Puerto Rico
El banquero venezolano y dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, Julio Herrera, junto a Mark Rossini, un exagente del FBI, son las otras dos personas acusadas en este esquema. Estos, al momento, no han sido detenidos. Según el jefe de fiscalía federal, S. Muldrow, cree que Herrera está en Reino Unido y Rossini en España. Esperan comenzar un proceso de extradición.
Según se indicó, Herrera y Rossini presionaron a la exmandataria para que despidiera a George Joyner, el entonces Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y nombrara un nuevo comisionado que sería escogido por el empresario. OCIF es la agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. Esta agencia llevaba a cabo una auditoría sobre Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
Como intercambio, Herrera y Rossini habrían pagado más de $300 mil a consultores en apoyo a la campaña de Wanda Vázquez.
La acusación señala que Vázquez aceptó la oferta de soborno y en febrero de 2020 tomó las medidas para exigir la renuncia del comisionado de OCIF. En mayo de 2020 se nombró a Víctor Rodríguez Bonilla como nuevo comisionado de la agencia, quien era un exconsultor de Bancrédito.
Según las autoridades federales, tras la derrota de Vázquez en las primarias, Herrera y Rossini conspiraron para sobornar al ganador y actual gobernador, Pedro Pierluisi. El fiscal federal, Stephen Muldrow, aclaró que el gobernador no está involucrado en el esquema.
La exgobernadora, Herrera y Rossini se exponen a una pena de 20 años de cárcel de ser hallados culpables.
En marzo de este año, el exadministrador de Vivienda Pública, John Blakeman, junto a Frances Díaz, directora general de Bancrédito, llegaron a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable en cargos de soborno y conspiración. Blakeman asistió en las finanzas de la campaña primarista de la exgobernadora.